INJUSTA JUSTICIA : LIVG

A continuación hablaré de algo que desde siempre me ha tenido indignada, pero la indignación llego a su punto álgido en el momento en el que me afectó directamente, y sufrí en primera persona las injusticias que se producen por el uso y aplicación injusta y abusiva de ésta ley.
Dejando a un lado este aspecto personal, no quiero que mi presente discurso se vea influenciado por este hecho, sino por el contrario, quiero hacer un análisis lo más objetivo posible de lo que ésta ley supone no solo para los hombres a los que va dirigida , sino también para las mujeres que realmente son maltratadas.

Es importante decir en este punto, que no me pongo a favor de ningún colectivo, justamente porque soy una profunda defensora de la igualdad, solo pretendo hacer hincapié en las profundas desigualdades e injusticias que ésta ley supone para los hombres, y en los beneficios que muchas personas obtienen a cambio, quedando, (y esto es lo más triste y grave), las verdaderas víctimas realmente desamparadas.

La Declaración sobre la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer de Naciones Unidas señala: Por “violencia contra la mujer” se entiende “todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada”.
Como vemos, según esta definición, se está penalizando una violencia a la mujer, por el hecho de ser mujer, de pertenecer al sexo femenino, implicando lógicamente un odio de HOMBRE hacia las MUJERES, un odio entre géneros.
Lógicamente existen grupos que promueven el odio hacia las mujeres, como también existen grupos que incitan al odio hacia los hombres, los homosexuales, los judíos etc., pero asimismo considero que las muertes cuya causa principal es el odio a las mujeres son muy escasos en la sociedad, y que en la mayoría de los casos en los que las mujeres mueren a manos de su pareja, no existe elemento de machismo alguno, sino que concurren otras razones que a continuación trataremos de analizar.

Creo que es necesario hacer referencia a unas estadísticas que nos serán de mucha ayuda.
Pese a lo que puede llegar a creerse por la alarma creada por los medios de comunicación y por el Gobierno, España es uno de los países con la tasa más baja de muertes de mujeres a manos de sus parejas sentimentales o maridos nivel europeo y sin embargo en ningún otro país del mundo Occidental existe una legislación comparable a la LIVG. Sólo en algunos países hispanoamericanos están copiando (y padeciendo) algunos de estos atropellos.
Según estadísticas mueren entre 50 y 60 mujeres al año en España por esta causa, ésta es una cantidad pequeña, y me atrevo a decir insignificante cuantitativamente hablando, comparada con otras causas de muerte que se cobran miles de víctimas todos los años en nuestro país, tan insignificante como la cantidad de muertos que producen otras causas de muerte rarísimas, de las que nadie habla y que a nadie importa, porque son causas de mortalidad pequeñísimas.

Como hemos visto anteriormente, a diario conocemos de graves problemas que aquejan a nuestra sociedad, de abusos, injusticias, circunstancias que causan mucho sufrimiento a millones de personas, y sin embargo no se les dá la importancia ni la trascendencia que se le está dando a éste problema, que a pesar de serlo, no es ni de cerca uno de los problemas más graves de la sociedad.
Desde el punto estrictamente jurídico, encontramos variadas razones para calificar ésta ley de injusta, discriminatoria, desequilibrada y vulneradora de principios esenciales de nuestra Constitución, y de Derechos Humanos.
Pues bien, cuando un hombre es denunciado por supuestos malos tratos a su compañera, es detenido y encarcelado en los calabozos de la Guardia Civil, o de la Policía, saltándose todas las normas legales, tales como el derecho al “recurso de habeas corpus”; cuando finalmente pasan a disposición judicial, interviene el Juzgado de Violencia de Género que se encargará de tramitar de forma expeditiva no sólo la depuración de la posible responsabilidad penal sino también la custodia a favor de la madre y el régimen de visitas para con los hijos, además del divorcio.
En primer lugar, se comienza violando el principio de igualdad ante la ley y de no discriminación, porque que ante el mismo delito se muestra mucho más duro con los hombres que con las mujeres, estableciendo una diferencia de trato por razón de sexo, ya que si un hombre denunciara algo similar, se tomarían todas las medidas necesarias y se actuaria de una manera muy diferente , buscándose los indicios necesarios de la comisión del supuesto hecho delictivo antes de llevarse a la acusada detenida.
Otra prueba de ésta vulneración del principio de igualdad, lo vemos en que se están castigando de diferente la comisión de los mismos hechos, ya que la violencia de la mujer hacia el hombre se considera como simple falta, mientras que la misma violencia ejercida contra un hombre por una mujer, se considera delito, sin mencionar, que las órdenes de alejamiento “cautelares” (hasta el juicio, cuyo inicio puede demorarse un año) se imponen con frecuencia sin exponer los motivos que las justifican.

Por otro lado también, se viola el Principio a la presunción de inocencia, ya que tiene en cuenta, y toma en consideración denuncias sin comprobar en la mayoría de los casos que hayan indicios necesarios para enervar ese principio. Bastaría en estos casos con actuar como se actúa con el resto de delitos.
Por otro lado, muchos de los detenidos pasan uno o dos días en los calabozos, o si la denuncia se produce un viernes por ejemplo, incluso pueden pasar el fin de semana allí sin indicios ni evidencias de la comisión del hecho delictivo, antes de pasar a disposición judicial, generándose así muchas veces una prolongación indebida de la situación de privación de libertad.
Sin embargo, hay que reconocer al respecto, que nuestro Tribunal Constitucional en una reciente Sentencia de Marzo de 2014, ha dado un paso adelante en éste sentido, y dá un haz de esperanza en este sentido, ya que estimando un recurso de Amparo presentado por un varón de Alicante acusado de un delito de malos tratos, del que luego fue absuelto , y al que un Juzgado le negó el Habeas Corpus afirma” que “el frecuente incumplimiento” de los preceptos constitucionales por parte “de algunos juzgados de Instrucción” es a juicio de este tribunal “grave”.
“Se hace necesario reiterar que este tribunal ha declarado que el procedimiento de habeas corpus no puede verse mermado en su calidad o intensidad; y que el control judicial de las privaciones de libertad que se realicen en amparo debe ser plenamente efectivo” porque “la esencia histórica y constitucional de este procedimiento radica en que el juez compruebe personalmente la situación de quien pide el control judicial”.
Los magistrados recuerdan a los jueces de instrucción que “tienen la obligación de aplicar e interpretar leyes según los preceptos y principios constitucionales”.

Finalmente, a la hora de la celebración del juicio, vemos como muchas veces se dá por cierta la declaración de la denunciante mientras no se demuestre lo contrario, basta con que la declaración sea coherente y creíble para el Juez, haya o no haya parte de lesiones, y si no hay testigos, no hay manera de saber lo que realmente sucedió, por lo que el acusado queda indefenso. Se deja la carga de la prueba al acusado, es lo que se conoce como PROBATIO DIABOLICA.
Por lo tanto, como vemos, se están vulnerando todos los días el derecho a la tutela judicial efectiva, y por ende, el derecho a un juicio justo de miles de ciudadanos, independientemente de que luego sean culpables o inocente.

Se ha llegado a un punto de criminalización y discriminación contra los hombres que sin lugar a dudas provoca una fuerte inseguridad jurídica, sin olvidar la situación de desamparo, humillación, rabia, impotencia y desesperación a la que se enfrentan y pueden enfrentarse en cualquier momento los hombres respecto de sus mujeres, ya que ellos “están en sus manos”.
Si, ellos están en sus manos, porque ésta ley es lo que provoca, que muchas mujeres vean la ocasión perfecta para sacar partido a una ley que les beneficia, utilizándola así de forma abusiva para diversos motivos, uno de ellos en el DIVORCIO.
Muchas mujeres, sabiendo que están sobreprotegidas por esta ley presentan falsas denuncias de malos tratos, dictándose de inmediato (en la mayoría de los casos) una orden de alejamiento, que deriva en la inevitable consecuencia de tener que abandonar el domicilio familiar, iniciándose el proceso de divorcio ante el Juzgado de Violencia de Género, para así lograr un proceso más rápido y extremadamente ventajoso para ellas, tanto en el campo patrimonial, como en relación a la guarda y custodia de los hijos, pasando lógicamente, por las prestaciones sociales que solicitan por ser una mujer maltratada, quedando así las verdaderas víctimas más desamparadas, porque siempre falta presupuesto y protección para ellas por no haber suficientes recursos.
Precisamente es en relación a los menores donde se produce otra gran injusticia en éstos casos de denuncias falsas, ya que como consecuencia de ello se produce un gran porcentaje de situaciones en la que los padres pierden relación con sus hijos, o la relación es mucho menos fluida.
Es relativamente frecuente que los jueces, dicten de forma especialmente precipitada medidas cautelares, impidiendo al supuesto padre abusador o maltratador el contacto con su hijo o hija (en algunos juzgados se llega a conceder el cien por cien de las peticiones de órdenes de alejamiento para supuestos esposos maltratadores),olvidando que existe la presunción de inocencia, y que no puede tomarse una decisión de tal importancia sin tener si quiera unos indicios lógicos, y sin tener en cuenta que puede existir mala fé por parte de la mujer, ya que justamente esa era su intensión.
Ocurre, desgraciadamente, que durante todo el proceso judicial, que puede durar meses, pero también una vez finalizado el mismo, ya que el ambiente entre los ex cónyuges no volverá a ser el mismo, el lazo entre padres e hijos se va haciendo cada vez más fino, llegándose a producir un inevitable distanciamiento que es inconcebible y penoso.

En este punto, nos podríamos preguntar si puede ser posible que hayan denuncias falsas, que hayan personas que utilicen ésta ley para acusar falsamente a otra persona o simplemente utilizar discusiones conyugales típicas en un matrimonio, que son según ésta ley tipificadas como casos leves, para utilizarlas en su beneficio.
Pues bien, una de las causas que se alegan para justificar estas medidas tan injustas, y éstas especialidades que vemos en la ley respecto del régimen general, es que hay expertos que afirman que las mujeres maltratadas y los menores nunca mienten en estos casos.
Desde mi punto de vista, la mentira o la falsedad o el aprovecharse de ciertas situaciones para obtener beneficios es algo innato al ser humano, está presente en todo el mundo, es algo que no se tiene por el hecho de ser hombre o mujer, sino por el mero hecho de ser personas, ya sea por costumbre, necesidad o por puro placer.
Pueden mentir los padres, los hijos, los cónyuges, los amigos, etc.
Es entonces cuando yo me pregunto, ¿Cómo es posible que se afirme con semejante seguridad, basándose en que las mujeres si denuncian serán por algo, que las denuncias falsas en éste ámbito no existe? ¿No existe acaso la maldad? ¿No es típico en el ser humano el sacar provecho de situaciones que les favorecen?
Las falsas denuncias por Violencia de Género existen y en mucha más cantidad de la que se ha dado a conocer.
Ya en 2007 la Asociación Independiente de Guardia Civil (ASIGC) advirtió tímidamente que sufre sobrecarga por denuncias falsas. Y en 2010 el Consejo General del Poder Judicial GSJ, en un balance estadístico sobre los 5 años de vigencia de la Ley Integral contra la Violencia de Género, constató cientos de miles de denuncias falsas (como publico en un descuido EL PAÍS en su versión impresa de fecha 5/01/2011, p.31.
Por lo tanto, podemos decir, que pese a que actualmente, prácticamente se está negando la existencia de denuncias falsas, éstas existen.

Por otro lado, según nuestro legislador, la ley pena con más gravedad a los varones que a las mujeres porque los varones ejercen su violencia por causas culturales “machistas”. Es aquí donde yo me pregunto, ¿por qué nos empeñamos en decir que todos estos casos son consecuencia de la cultura machista de los españoles? , ¿Por qué no creer que sean simples casos de violencia de todos los que hay en el país y en el mundo, un hombre que pega a una mujer, como pegaría a otro hombre, o como una mujer pega a otra mujer, o a otro hombre, niño, anciano etc.?
Lógicamente habrá casos (los menos) en los que exista un elemento machista, pero no es suficiente para generalizar. En España ese “machismo” se presupone por la ley, no es necesario probarlo, catalogando así a todos los hombres detenidos por esa causa como seres que tienen un odio hacia las mujeres que les hace querer causarles daño por el mero hecho de ser mujer.
Pero según las estadísticas, la violencia entre parejas no se dá solo en parejas homosexuales, como es lógico, ya que la violencia entre parejas homosexuales, alcanza el 30 % tanto entre hombres como entre mujeres.
De esta manera, se ha establecido una discriminación hacia los hombres que presupone que el hombre maltratador es racista, porque su violencia se dirige contra la mujer por el hecho de ser mujer, por el género, y no por el mero hecho de ser su pareja, y por lo tanto debe existir una ley especial para ellos.

Se hace mucho hincapié en este sentido, en la naturaleza violenta del hombre, que lo lleva a dominar a la mujer, maltratándola física y psicológicamente.
Pero se nos olvida que el hombre es un ser humano, al igual que la mujer. Acaso la mujer no puede tener la intensión de provocar en un hombre lo mismo?
Se debe reconocer que la mujer, por su naturaleza tiende a provocar menos lesiones físicas, pero eso no significa que no quiera hacerlo, o que no tenga intensiones de dañar a su pareja, solo que utiliza otros métodos más adecuados a su naturaleza, pero no por ello debemos considerar a los hombres como los más violentos y más despiadados de la raza humana.
Según numerosos estudios realizados durante más de una década por prestigiosas instituciones, demuestran que la mujer es tan violenta como el varón.
El U.S. Center for Disease Control and Prevention Report publicó, que en relaciones violentas la mitad de las agresiones es reciproca. En relaciones con violencia no reciproca, las mujeres son el agresor en el 70%. Y un estudio de la Universidad alemana de Bremen reveló, que durante el proceso de separación o divorcio las agresiones físicas empiezan en 60% por la mujer, en 18% por el hombre, y en 22% por ambos.
Según la jueza de Violencia domestica de Costa Rica Adriana Fernández, “existe un aumento de mujeres agresoras. Los maltratos físicos del hombre son más graves por su fuerza natural, pero los psicológicos son el campo preferido de las mujeres, sin dejar unos y otros de ser agresores, de atacarse por cualquier medio, utilizando y agrediendo incluso a sus propios hijos”.
En Estados Unidos, la mujer comete la mayoría de los homicidios de menores, la mayor parte de los abusos físicos contra los niños, una tasa semejante a los hombres en la violencia entre hermanos, y contra los familiares mayores.

En España, no se dan datos de las muertes de hombres a manos de sus mujeres: En el año 2013 según el Instituto Nacional de Estadística que se basa en los datos del Instituto de la Mujer, fueron asesinadas en España xx mujeres – xx a manos de su pareja o ex-pareja (73 en 2010)-, versus xxx varones, de los cuales no se sabe cuántos fueron matados por su pareja o ex –pareja. No se contabiliza. No es noticia.

Tampoco se sabe ni se contabiliza cuántos niños fueron muertos por sus madres o sus padres, y cuantos ancianos por sus hijos mujer u hombre.

La violencia de pareja, es una forma más de la violencia que hay en la sociedad en general, la cual depende de diversos factores, de situaciones condicionantes como alteraciones psíquicas, maldad, falta de autocontrol, la educación deficiente, ambiente violento, drogadicción, discriminación, maltrato, estrés etC, etc, que influyen en el comportamiento del autor.
Por lo tanto, no veo razón alguna, desde mi punto de vista, que justifique la creación de una ley con tantas especialidades para él colectivo femenino, en el que para protegerlo haya que desamparar y criminalizar a otra parte de la sociedad, sino que basta con darle el tratamiento de una clase de violencia más, buscando actuar contra esos factores antemencionados.

La violencia entre cónyuges no es más que violencia en general, forma parte de ello.
Asimismo, se está produciendo una intromisión del Estado en la vida intima de la familia, en ciertos casos: las discusiones en pareja son frecuentes, (no hablamos de violencia), como lo son las discusiones entre cualquier grupo de la sociedad, amigos, familiares, ámbito laboral, etc. Son conflictos que forman parte de la vida normal, que normalmente se soluciona dialogando, razonando, o incluso, no se solucionan, pero no son más que eso, discusiones.
Sin embargo, es verdad, que se puede iniciar una serie de agresiones, hasta llegar a la violencia física.
Esos casos en los que se llega al maltrato físico, tanto por parte del hombre como por parte de la mujer, lógicamente, deben ser objeto de intervención por parte del estado; pero¿y esos casos en los que las discusiones no van más allá de alguna palabra subida de tono, mal sonante, hiriente, que es ocasional, pero que es utilizada por quien le beneficia, (ya que la ley castiga hasta los casos más leves de humillaciones e insultos) porqué debe ser objeto de castigo tan severo, o porque es objeto de castigo con esa intensidad solo en el ámbito de la violencia de género? Vemos aquí la desigualdad también.
Se está así cerrando las puertas a una posible reconciliación, y a un posible arreglo de esas situaciones conflictivas mediante la comunicación, técnicas de mediación etc., que muchas veces, no van más allá de algunos hechos puntuales, ocasionales, provocados por razones determinadas, y que quizá, en caso de ser solucionadas, nunca más sucederían. Pero también se está cerrando con ésta ley, las puertas a una posibilidad de separación pacifica en el caso de que la situación fuera irrevocable.
Todo esta enumeración de injusticias y sinsentidos, deja además otras muertes, porque no debemos olvidarnos de esos hombres que sufren diariamente por las injusticias derivadas de la mala aplicación de esta ley, al sentirse amenazados, atacados, con rabia, impotencia, cohibidos, desamparados por una sociedad que pide igualdad pero que curiosamente realiza todo lo contrario, llegando muchas veces al suicidio, para acabar por fin con su pesadilla. Y es justamente aquí donde me pregunto ¿Y EL APOYO A LOS HOMBRES?
En España se han creado Juzgados especiales de Violencia Sobre la mujer, convirtiéndose así España en el único país con tribunales para un sexo.
Las comunidades autónomas y los ayuntamientos han distribuido millones de Euros a las entidades que ayudan a las victimas femeninas. Y el gobierno aprobó un programa de inserción socio laboral para mujeres maltratadas, y habilitó el teléfono 016 de emergencia 24 horas sólo para ellas.
Sin embargo, desconozco medida alguna para ayudar a hombres maltratados, quienes no encuentran ninguna ayuda, ningún teléfono, ninguna institución oficial ni ONG que le ofrezcan atención. Nadie, ni el gobierno ni las autonomías ni las ONG gastan ni un centimo para él. También esto constituye una violación franca del artículo constitucional sobre la igualdad.

Para ir acabando, quiero dejar constancia de que soy consciente de que hay muchas mujeres que sufren por la violencia de su pareja o ex pareja, eso no se puede negar de ninguna manera, y no es mi intención hacerlo, pero debemos tener en cuenta que hay muchos hombres que están sufriendo también, ya sea porque son maltratados psicológicamente por sus mujeres pero ante eso no hay mucho que puedan hacer, o porque son víctimas de falsas denuncias presentada por las mujeres a la que la ley protege, o porque ven excesivas las medidas impuestas, teniendo en cuenta la levedad del hecho por el que ha sido juzgado ,teniendo en cuenta el grado de intervención del estado en el ámbito privado.
Debemos dejar de ver éste problema como un tema entre géneros (hombre y mujer), sino como un caso más de violencia entre dos personas que forman parte de una sociedad violenta y caótica.
El gobierno debe concentrar sus esfuerzos en poner a disposición de la sociedad en general los medios económicos, institucionales ,organizativos y humanos para crear centros de apoyo a los que acudan todo tipo de personas que sea víctima de cualquier tipo de violencia, sea mujer, hombre, niño , anciano, en igualdad de condiciones, con la finalidad de ayudar a superar su situación, dándoles consejo y apoyo, estableciendo mecanismos de mediación, comunicación, intentando superar así la tremenda brecha que se ha abierto en la sociedad como consecuencia de una ley que hace ver a los hombres como enemigos de las mujeres y viceversa.
Es una paradoja que quien (supuestamente) busca la igualdad, lo haga justamente fomentando la desigualdad, demostrando así que lo único que se busca con ello es su beneficio.
La verdadera igualdad se da, cuando no hay razones para hablar de géneros, cuando no son necesarias leyes especiales para proteger a personas que por lo único que se diferencian es por el sexo, cuando esa palabra no tiene relevancia en ningún orden de nuestra vida cotidiana, cuando los medios de comunicación no lamentan solo el asesinato de una mujer a manos de un hombre, sino también el asesinato de un hombre por una mujer, el de un niño por sus padres, un abuelo por sus hijos…… porque todos somos personas, con los mismos derechos y obligaciones.
La ley debe ser igual para todos, castigando a quien cometa un delito contra su pareja, ya sea mujer u hombre; debe además, ser coherente y respetuosa con los Derechos Humanos, con los principios propios de un estado democrático de derecho, evitando que suceda lo que ahora mismo está sucediendo, que con la aparente intensión de lograr una mayor igualdad entre hombres y mujeres, se ha legislado de tal manera que no solo se ha provocado una desigualdad a favor de la mujer, sino que además se ha llegado a una situación de extrema injusticia para los hombres, que ven mermados y violados sus derechos como seres humanos, olvidándose de que antes que hombres y mujeres , todos somos PERSONAS.

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GASTOS ORDINARIOS O EXTRAORDINARIOS? : GUARDERIA

guarderia-GASTOS DE GUARDERIA O SIMILAR.

 

En ésta ocasión, procederemos a referirnos y analizar un tema que genera innumerables controversias en el ámbito civil, más concretamente en los procesos de familia.

Nos estamos refiriendo a los gastos extraordinarios, ya que muchas veces no hay certeza a cerca de qué gastos son los que se consideran incluidos o no en la cuota mensual que el progenitor no custodio abona para cubrir los gastos ordinarios , y muy frecuentemente es necesario acudir a los tribunales para que sean éstos quienes aclaren éste aspecto.

En primer lugar, como sabemos, en todo proceso de separación o divorcio en el que se hallen inmersos hijos (menores o mayores de edad), se establece la obligación del pago de una pensión  de alimentos por parte del progenitor no custodio. Ésta pensión está destinada a cubrir los gastos ordinarios de vestimenta, asistencia médica, educación, alimentos vivienda e instrucción de los hijos. Por el contrario, los gastos extraordinarios, son aquellos que no han sido previstos inicialmente, y que deberán ser abonados por los cónyuges al 50%, previo consentimiento expreso o tácito  (con excepciones).

De ésta manera, para ser calificados como gastos extraordinario, éstos deben ser:

1º.- Necesarios.- Que han de cubrirse económicamente de modo ineludible, en orden al cuidado, desarrollo y formación, en todos los órdenes del alimentista; en contraposición a lo superfluos o secundario, de lo que evidentemente, puede prescindirse, sin menoscabo para el alimentista (Sentencia de AP Toledo de 19 de enero de 2010; EDJ 2010/29792).

2º.- No tener una periodicidad prefijada.

3º.- Ser imprevisibles,

4º.- Ser acordes y asumibles por el caudal del alimentante.

5º.- No estar cubiertos por los alimentos o gastos ordinarios.

Como vemos, aún con ésta definición que intenta aclarar y establecer unos parámetros a tener en cuenta a la hora de calificar éste tipo de gastos, es tarea de los juristas delimitar y aplicar éste concepto a las innumerables y peculiares  situaciones y gastos que se presentan por parte de los litigantes.

La problemática que se deriva de ésta distinción entre ambos tipos de gastos, estriba en que los progenitores custodios tienden a incluir (y reclamar a los no custodios) como extraordinarios, gastos que muchas veces no son más que ordinarios incluidos dentro de la pensión de alimentos, con el fin de que el progenitor no custodio abone cantidades dinerarias extras.

Dada la complejidad y extensión de éste Tema, en ésta ocasión solo haremos referencia a los gastos de guardería, y la postura jurisprudencial a la hora de catalogarlos, aclarando de ésta manera si deberían de ser considerados como gastos extraordinarios, o por el contrario, debería entenderse incluidos dentro de los ordinarios.

En efecto, teniendo en cuenta la Sentencia 376/2011 de la A.P de Valladolid  en relación a la petición de la actora de revocar la sentencia de primera instancia en cuanto se considera el gasto de guardería como un gasto ordinario, la Audiencia Provincial establece que “ los gastos de educación vienen expresamente incluidos en el concepto de alimentos del artículo 142 del Código Civil que recoge los que pueden ser considerados propiamente como alimentos ordinarios, sin que tampoco conste acuerdo al respecto de los padres para conferir a dicho gasto una naturaleza diferente, y ciertamente la asistencia a guardería, pese a no ser una fase de instrucción educacional obligatoria, sí debe entenderse como un gasto de carácter propiamente educacional; además acontece que ya en la resolución recurrida al hacerse una enumeración de las necesidades del menor con objeto de fijar la pensión alimenticia ordinaria se incluye por la Juez de Instancia de forma expresa el coste de la guardería del menor.

Por último, en modo alguno se desprende el carácter extraordinario del gasto devengado por el hecho de la asistencia a una guardería en temprana edad porque dicha asistencia no constituya una fase de la enseñanza obligatoria, ya que no es extraordinario todo gasto educativo que no resulte gratuito, por lo que no puede ser tenida en consideración ni producir el efecto pretendido la tesis del recurso, puesto que no toda prestación educacional no gratuita será considerada como extraordinaria, sino solamente aquélla que siendo necesaria resulte inusual, imprevisible o que exceda de lo habitual, pues de lo contrario no tendría sentido la especificación del gasto de dicha entidad como de “extraordinario”, y lo cierto es que esas características no concurren en el supuesto que nos ocupa.

Lo mismo entiende la  AP de Cádiz de 19 de noviembre de 2007, al decir “que carecen del carácter de extraordinarios los gastos de guardería, los originados por la compra de una Trona y por la vacuna de la varicela”, o la AP de Alicante, en Sentencia de 6 de febrero de 2007, la cual incluye éstos gastos en los ordinarios por entender que carecen del carácter de imprevisibles diciendo que “hablaremos de gasto extraordinario no con relación a los gastos periódicos o previsibles, sean o no estrictamente regulares sus importes (gastos de educación, de vestido, etc.) sino cuando nos encontremos ante aquellos que se presentan de manera esporádica y que previsiblemente no van a repetirse o aun cuando sí se reiteraren su frecuencia o presentación resulte de todo punto imprevisible.  Tampoco consideran los gastos de guardería como extraordinarios por ser ordinariamente previsibles el Auto de la AP de Cádiz de 26 de enero de 2010, la Sentencia de la AP de Toledo de 27 de mayo de 2010 o la Sentencia de la AP de León de 17 de diciembre de 2010, entre otras.

Por lo tanto, evidentemente en primera instancia habrá que estar a lo que se disponga en el convenio regulador, pactos y en sentencia (en caso de sus existencia), en caso contrario, vemos como se advierte (atendiendo a la generalidad de la jurisprudencia al respecto) una tendencia a entender los gastos de guardería como gastos ordinarios y por lo tanto incluidos dentro de la pensión alimenticia impuesta al alimentante no custodio, lo que conlleva la imposibilidad de reclamarle el abono del 50 % que corresponde en los casos de gastos extraordinarios.

 

 

 

Extincion pension compensatoria por nueva relacion estable,pero sin convivencia del conyuge acreedor.

EXTINCION DE PENSION COMPENSATORIA POR  UNA RELACION ESTABLE SIN CONVIVENCIA DEL CONYUGE ACREEDOR.

 

Haciéndonos eco de la reciente y pionera sentencia de  JUZGADO DE 1ª INSTANCIA DE JAÉN  ,a continuación intentaremos analizar los elementos jurídicos claves para poder interpretar dicha resolución y descubrir la circunstancias que la hacen excepcional.

La pensión compensatoria, es, y así lo establece el Art 97 y siguientes del Código Civil, una contraprestación económica a la que tiene derecho el cónyuge al que la separación o divorcio produzca un desequilibrio económico  en relación con la posición del otro, que implique un empeoramiento en su situación anterior en el matrimonio. Dicha pensión podrá consistir en una pensión temporal o por tiempo indefinido, también en una prestación única.

Empezaremos en primer lugar haciendo mención a los requisitos que se deben cumplir para que en caso de separación o divorcio una de las partes tenga derecho a esa pensión compensatoria, así :

1) En primer lugar se exige la existencia de un matrimonio, por lo tanto, no existe la posibilidad de exigir esta pensión por parte de las parejas de hecho, la petición debe hacerse en la demanda de separación o divorcio, ya que en un momento posterior será imposible hacerlo,

2) Debe existir un desequilibrio económico de uno de los cónyuges respecto al otro, para lo que se suele analizar por parte del órgano juzgador los ingresos propios de ambos cónyuges, descenso del nivel de vida en la situación anterior al matrimonio de uno de los esposos en relación con el otro, duración del matrimonio, ya que a mayor duración del matrimonio, mayor posibilidades de pensión compensatoria; edad y formación laboral, ya que se entiende que en una persona mayor y no formada son menores las posibilidades de encontrar trabajo ; dedicación pasada y futura  a la familia ; estado de salud de los cónyuges; perdida eventual de un derecho de pensión;  el caudal y los medios económicos , y las necesidades de uno y otro cónyuge ; colaboración con su trabajo en las actividades mercantiles, industriales o profesionales del otro cónyuge, y cualquier otra circunstancia relevante.

No obstante lo establecido anteriormente, el Art 101 del Código Civil impone  las condiciones que dan lugar a la extinción de dicha pensión. Dicho precepto establece que” el derecho a la pensión se extingue por el cese de la causa que lo motivó, por contraer el acreedor nuevo matrimonio o por vivir maritalmente con otra persona. El derecho a la pensión no se extingue solamente por el hecho de la muerte del deudor […].

Pues bien, es éste el punto esencial en el que se apoya la resolución judicial a la que nos referimos en el presente artículo y a la vez lo que convertiría a la misma en una sentencia pionera por las razones que intentaré explicar a continuación.

Efectivamente, deberíamos en primer lugar definir qué se entiende por” convivir maritalmente con otra persona”. Por un lado, se exige por la doctrina que esa relación sea pública, estable y conocida por otro. Sin embargo,  los juzgados y tribunales mantienen dos posiciones al respecto, ya que unos entienden que hay convivencia marital  cuando dos personas viven como si estuviesen casadas, y otros consideran que hay convivencia marital cuando hay cualquier tipo de convivencia estable.

Sin embargo, y a pesar de las diferencias en las posturas mantenidas, vemos un factor común  a ambas y es que  coinciden indiscutiblemente en la exigencia del requisito de la Convivencia duradera y estable y es allí donde está la peculiaridad del caso que nos ocupa y que traemos a colación en el presente articulo ya que, su señoría ha estimado que un noviazgo estable es motivo suficiente para decretar la extinción de la pensión compensatoria AUNQUE LA BENEFICIARIA Y SU NUEVA PAREJA NO CONVIVAN.

El titular del Juzgado de 1º Instancia de Jaén considera que ha quedado acreditado que la mujer posee una relación estable y consolidada porque” no oculta sus sentimientos en público, la presenta a otras personas como tal, y en ocasiones duerme en su casa o pasean cogidos de la mano”. Se trata claramente de un caso en el que no hay una convivencia marital de hecho (  a diferencia de lo que venía exigiendo el Código Civil, y como se ha venido entendiendo y exigiendo mayoritariamente por la doctrina y la jurisprudencia española hasta el momento), pero sin embargo, se ha entendido por el juzgador que la convivencia marital que nuestro Código Civil cita como un requisito para la extinción de la pensión, se extiende a “ cualquier tipo de relación estable”, todo ello basándose en  jurisprudencia del Tribunal Supremo y de Audiencias provinciales, y basándose en la “necesidad de adaptarse a la realidad social del tiempo en el que la norma debe ser aplicada, evitándose así practicas realmente extendidas como en las que se ocultaban verdaderas situaciones de relaciones duraderas y estables que intentaban ocultarse para impedir la perdida de dicha pensión”.

En caso de que ésta resolución llegara y fuese confirmada por el Tribunal supremo, estaríamos hablando de una sentencia modélica que abriría muchas puertas a que miles de personas que llevan años resignadas a abonar una pensión compensatoria sin posibilidad de extinción por ésta razón, puedan ,a partir de entonces con la mera demostración de la existencia de una relación estable, duradera y publica, y para mas inri ,sin necesidad de acreditar la convivencia efectiva,( aunque así sí lo requiera el Código Civil,)  requerirla.

 

 

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